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Lunes, 15 de Marzo de 2010 |
La voluntad minera |
Han pasado tres años y medio de la ejecución del aporte voluntario minero y este aún no ha demostrado la eficiencia de sus gastos porque no se han realizado estudios previos a los desembolsos |
 En agosto del 2006 las empresas mineras acordaron con el entonces entrante presidente Alan García aportar el 3,7% de sus utilidades por un período de cinco años a un fondo voluntario denominado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP). El compromiso estaba atado al desempeño de precios de minerales como el oro, la plata, el zinc y el cobre, que son los principales explotados en el país. Los precios de los minerales tenían un buen comportamiento entre el 2003 y el 2006. Sin embargo, los empresarios mineros no estaban seguros de cuál sería el desempeño de los metales en los próximos cinco años, por lo que el desembolso del aporte lo ataron a la temperatura de estos “commodities”. Así, se hizo un frío cálculo de un aporte de S/.2.500 millones a las comunidades afectadas por la minería en los cinco años de duración del convenio. Han pasado tres años y medio y hasta el momento las mineras han desembolsado S/.1.388 millones. Se estima que tras los resultados de las mineras en el 2009 el desembolso al fondo voluntario se incrementaría en 25% (aproximadamente a S/.1.735), lo cual se debe concretar a más tardar en la quincena de abril. Como se recuerda, este aporte voluntario se dio con la finalidad de tratar de esquivar la presión política sobre un posible impuesto a las sobreutilidades mineras, las cuales, pese a lo que pocos creían, se han seguido incrementando. SIN MEDIDAS Sin embargo, pese a los fuertes desembolsos que se han hecho para intentar apoyar el desarrollo de pueblos y regiones en los que se encuentra la actividad minera, los logros al respecto podrían no ser tan contundentes por muchas razones. Epifanio Baca, responsable del área de vigilancia ciudadana de Propuesta Ciudadana, indica que una razón es porque no hay forma de medir el impacto de lo desembolsado por el aporte voluntario minero porque sencillamente no se han hecho estudios sociales de referencia sobre la situación que existe en estas poblaciones. Es decir, antes de ingresar a intentar curar males los mineros no han desarrollado los respectivos diagnósticos para determinar qué es lo que esperaban lograr con el PMSP. “No hay líneas de base con las cuales comparar los avances”, indica. CONTROLES En la actualidad, la dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, es la que monitorea que los reportes y la orientación de los recursos sean los adecuados. La contribución minera tiene ciertas especificaciones en cuanto a su gasto. El titular de esta dirección, José Carvajal, señala que según los convenios, los comités creados para la administración de los fondos del aporte minero deben orientar el 30% de los recursos a rubros como nutrición, alimentación, educación y salud. Según el último informe de diciembre del 2009, el monto del gasto en estos temas llegaba al 37%, superando lo exigido por el convenio. Sin embargo, Carvajal reconoce que no existe forma de medir cuál es el real impacto que está teniendo el aporte voluntario. No existen datos exactos respecto a cuántas personas se han beneficiado por los programas de alfabetización, cuántos niños han salido de una situación de desnutrición, o más aun cuántos pobladores de las áreas de influencia minera han logrado mejorar su calidad de vida. Carvajal señala que el Ministerio de Energía y Minas encargará esta labor a una consultora, la que deberá tener los resultados a más tardar antes de junio. Sin embargo, Epifanio Baca, señala que esto debió realizarse desde el inicio, sobre todo porque el propio convenio contemplaba la realización de estudios de línea de base que midan el impacto de las medidas que ejecutarían las mineras. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, Pablo de la Flor, indica que esto no necesariamente es así, pues la empresa ha realizado estudios de base cuando empezaron con el aporte voluntario. “Hicimos uno general con el Instituto Nacional de Estadística e Informática y estudios específicos para cada proyecto que desarrollamos”, señala. Los desembolsos de Antamina en el PMSP, representa más del 50% del total de los desembolsos hechos por las mineras. De la Flor reconoce la importancia de cotejar los avances, porque si no todo el esfuerzo minero podría caer en un saco roto. Si bien Antamina ha realizado esfuerzos para tratar de medir su trabajo, no existe un organismo estatal que valide estas mediciones. Ciudadanos al Día (CAD), una organización muy reconocida que cautela la eficiencia del gasto de las organizaciones públicas, evaluó el nivel de gasto que se ha hecho con el aporte voluntario. En ese caso no hay mucho que criticar, el monto comprometido del total de dinero recibido por el PMSP hasta diciembre es del 77%, mientras que el monto ejecutado sobrepasa el 52%. Hasta el momento se han desarrollado 1.532 proyectos, muchos de los cuales son multianuales. El presidente de CAD, Juan Carlos Cortés, indicó que si bien hay resultados en ese sentido, no han podido evaluar cuál ha sido la calidad del gasto. Indica que, por ejemplo, parte de los fondos han sido orientados a capacitar a funcionarios de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Cortés sostiene que si tras las próximas elecciones se cambia a las personas que han sido capacitadas, todo el dinero invertido se perderá. Lo importante de medir los efectos del PMSP es que una vez culminados los cinco años del convenio la minería deberá demostrar si su contribución ha sido exitosa. Según Epifanio Baca, de Propuesta Ciudadana, de no ser así, la idea de ponerle un sobreimpuesto a sus utilidades volverá a ser una opción. Pablo De la Flor, cree que el programa está funcionando. Aunque indica que el modelo se puede mejorar. En todo caso, queda solo año y medio para que los mineros demuestren con cifras que este mecanismo se puede extender. CONCENTRACIÓN Pocas regiones Son 18 regiones las que se benefician con el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Son nueve las regiones que concentran más del 90% de los montos comprometidos en proyectos. Los proyectos de infraestructura concentran el 38% de los montos que tienen un compromiso de desembolso. |
Fuente: El Comercio |
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