Desestiman en Chile consulta indígena para explotar litio

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y Soquimich (SQM) desestimaron los argumentos del Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita una consulta indígena para validar el contrato para la explotación del litio, en el Salar de Atacama.

Las partes ya iniciaron los alegatos en la Corte de Apelaciones, por un recurso de protección interpuesto por la agrupación indígena, para exigir al Estado que respete el convenio 169 de la OIT e impulse una consulta a los pueblos originarios.

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La segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó este viernes los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños para impugnar el acuerdo firmado entre Corfo y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, el que ellos consideran territorio ancestral.

Según el abogado Jaime Madariaga, el Estado de Chile a través de Corfo está vunlnerando los derechos de las comunidades al no efectuar la consulta indígena correspondiente, como lo exige el convenio 169 de la OIT. “Así como existe la elusión tributaria, aquí lo que hay es un intento, no de eludir impuestos, sino de una consulta indígena”, expresó.

Sin embargo, para el abogado de SQM, Miguel Ángel Fernández no corresponde efectuar una consulta indígena en este caso, puesto que se trata de un acuerdo ya pactado y que fue propuesto por un juez árbitro.

Para el abogado de Corfo, Luis Cordero, tampoco procede una consulta indígena en este caso, por tratarse de un acto administrativo, estimando que en este caso “sería objeto de consulta la conciliación del juez árbitro y no la decisión de Corfo”.

El pacto en cuestión se acordó luego de que se conociera que, durante años, SQM se excedió en el espacio delimitado para la explotación del Salar de Atacama.

Corfo estipuló que ni Julio Ponce Lerou, ni su familia pueden tener presencia en el directorio de la empresa hasta 2030 y, a cambio, la empresa aumentó su capacidad para explotar el triple de la cantidad de litio que produce, sin efectuar una consulta indígena, que es lo que exigen las comunidades.