Una política de Estado para la minería peruana

Por: Ing. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El Gobierno anunció que viene trabajando de forma multisectorial con el propósito de contar con un marco normativo para impulsar la competitividad y sostenibilidad de nuestro sector minero, en el marco de la reactivación económica del país.

Una decisión que saludamos pues, como señalan, considera las recomendaciones del informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que se basa en cinco ejes principales como son: el entorno social, la gestión ambiental, la mejora regulatoria, el aporte fiscal y la minería informal.

Los planteamientos de esta comisión, a la que agradecemos su aporte, no solo reconocen la importancia de la industria minera para el desarrollo del país, también coinciden en gran parte con las preocupaciones que nuestro sector ha venido manifestando en los últimos años, las cuales necesitan una pronta solución.

Entre estas, por ejemplo, los procesos de consulta previa, a los cuales no nos oponemos, pero consideramos que deberían llevarse de una mejor manera, en el caso de la minería. La casuística muestra claramente que somos el único país de la región en duplicar la consulta previa al aplicarla tanto en la etapa de exploración como de explotación.

En Bolivia, Colombia y Chile este proceso se restringe sola a la fase de explotación. En ese sentido, respaldamos la propuesta de la comisión de impulsar el “modelo de acuerdo previo” entre comunidades indígenas e inversionistas como una alternativa válida que cumpla las exigencias de una consulta previa con el acompañamiento del Estado. 

Ello ayudaría a impulsar las inversiones en exploración, que son la base de nuestra minería pero que en los últimos tres años vienen cayendo de manera dramática. En este punto, también es importante remarcar que se requiere un trabajo cuidadoso y responsable del Ministerio de Cultura para la identificación de pueblos indígenas.

Otras importantes propuestas son el rediseño de la distribución y trazabilidad del canon minero, así como la aplicación del silencio administrativo positivo para los procedimientos mineros. Sin embargo, creemos que uno de los puntos más importantes de este informe, y en el que coincidimos plenamente, es la de implementar una política de Estado para el sector minero.

Dicha política debe continuar el esfuerzo de Rimay (Visión de la Minería al 2030) y formularse desde una visión de desarrollo territorial. Es vital dar este gran paso, sobre todo en una coyuntura que requiere de decisiones inteligentes para salir de esta crisis y construir un mejor país con mayor bienestar social y oportunidades para todos.